El pasado domingo 19 de Junio se registró un enfrentamiento entre policías federales y estatales y habitantes del municipio de Nochixtlán, Oaxaca. Hasta ahora se ha confirmado el fallecimiento de 9 personas de la comunidad y 108 heridos en el episodio. En una primera versión la policía refirió que sus elementos no iban armados, sin embargo, durante el transcurso de los días a los fallecidos por arma de fuego se sumaron diversidad de fotografías que evidenciaban el uso y portación de rifles de asalto. A pesar de argumentar que los elementos armados arribaron para reforzar a los que habían llegado previamente desarmados fotografías de agencias internacionales mostraron que su presencia se registró desde una hora antes de lo declarado. Lo cierto es que en Nochixtlán hoy faltan nueve personas que fueron asesinadas sin saber aún por qué, familias enteras fueron sacadas de velorios con sus familiares al trasladarse la trifulca en parte al panteón municipal y el conflicto entre la CNTE y el gobierno federal sigue en el mismo estatus sin mediar diálogo de por medio.

Sin embargo hoy no voy a hablar de la se emite aunque deberíamos de profundizar en el tema ya que pareciera haber un gran desconocimiento sobre las causas y motivaciones de este movimiento. Tampoco voy hablar de la reforma educativa que pareciera ser el eje central de este tema y, sin embargo, pocas personas se han tomado el tiempo de leer, analizar y cuestionar. Lo que en verdad quiero tratar el día de hoy es la evidente y gravísima violación de los derechos humanos que comete el gobierno mexicano ante cualquier síntoma de disidencia.

Y es que ni siquiera voy a plantear esto como una interrogante sino como una afirmación. Por un lado tenemos un gobierno y unos funcionarios que ofrecen contratos millonarios, casas, encubrimiento, impunidad  a aquellas empresas o particulares que les son aliados. Para muestra basta un botón; tenemos la Casa Blanca, las carreteras de grupo Higa, entre tantos otros. Por el otro lado, sin embargo, tenemos una forma de actuar reaccionaria y que se está perfilando cada vez más en la típica de este gobierno ante cualquier entidad que salga de su esfera de poder. Hemos visto en este sexenio como característica la criminalización de los movimientos y activistas sociales, la persecución defensores de derechos humanos, los oídos sordos ante reclamos sociales, el caso omiso a iniciativas ciudadanas respaldadas por cientos de miles (para muestra la ley tres de tres), asesinatos de periodistas y, finalmente, graves muestras de represión ante movimientos disidentes.

Dice Johan Galtung que la violencia directa es el resultado de la violencia estructural y es justificada por la cultural (abuso de poder, desigualdad económica, discriminación) y así todos los días se justifica la violencia en el subsuelo mientras nosotros solo vemos las hogueras. Hemos llegado un punto en donde ya no sólo observamos esta violencia sino que también la justificamos, la racionalizamos hasta el punto en el que creemos que es algo normal.

¿Por qué esto es una grave crisis de derechos humanos? Por qué mientras a las personas e instituciones que percibo como aliados les colmo de privilegios e impunidad a aquellos individuos y organismos que percibo como enemigos, como oposición o resistencia no hago otra cosa más que ofrecerles el diálogo de las armas de fuego, los toletes y los asesinatos. En ningún país medianamente civilizado podemos tolerar que las fuerzas del orden sean movilizadas para atentar contra la propia población civil y, es que recordemos, asesinar es un delito, manifestarse derecho. No voy a complicarme y negar que algunos de los métodos que la CNTE está utilizando no son los adecuados, soy el primero en reconocer los excesos de ambos bandos y en marcar la necesidad de un cambio en la forma en que este problema se está llevando a cabo, eso es algo innegable. Sin embargo, tampoco estoy dispuesto a permitirme el privilegio de aceptar que las consecuencias de manifestarse sean la represión y la muerte de civiles inocentes. Siempre lo he dicho, si uno comete un delito que se le someta a un juicio justo siguiendo el debido proceso y se aplique la sanción correspondiente pero, en México, y de acuerdo nuestra legislación, la muerte no puede ser utilizada como castigo para absolutamente ningún delito y es nuestro derecho humano más fundamental, la raíz que da origen a todos los demás derechos, nuestra integridad como personas humanas, nuestra valía y dignidad.
Una de las cosas que me parece más preocupante es que el grueso de la población o, por lo menos, aquellos con los que tengo contacto, satanicen y marginalicen al movimiento magisterial culpándolo no sólo de actos vandálicos o de delitos sino también del rezago en nuestro sistema educativo y la pobreza de la educación. Es increíble como la mayoría de estas opinólogos no han leído la llamada reforma educativa y aun así emiten opiniones que no tienen ninguna base o fundamento en detrimento del magisterio mexicano. Asumir que las secciones magisteriales del sur del país tienen la culpa del rezago educativo en México no es otra cosa más que demostrar una profunda ignorancia tanto de la situación de estos estados como del contexto nacional en general. Y es que en este debate jamás debemos olvidar la increíble complejidad de los pueblos del sureste mexicano, la diversidad de culturas, de lenguas y tradiciones que hacen imposible estandarizar una evaluación a un proceso al mismo tiempo que falla en tomar en cuenta el vínculo social y emocional de ese mismo docente con su comunidad y sus alumnos, pieza fundamental en la educación y la formación de ciudadanos productivos y conscientes. Y si no creen en lo que digo basta ver cuántas personas de a pie o cuántos docentes del centro y el norte del país estarían dispuestos a impartir clases en aulas a la intemperie, improvisadas, en lugares extremadamente lejanos, sin vías de acceso, con salarios que rayan en la miseria y, además, asediados por el crimen organizado.

Es indispensable darnos cuenta que no podemos achacar únicamente el magisterio el problema de la educación, un problema que cada año genera millones de deserciones escolares y, por consecuencia, analfabetismo, pocas oportunidades laborales y marginación, especialmente, entre comunidades indígenas y mujeres. Es imperativo cuestionarnos si no hay un cierto racismo oculto entre nuestras opiniones sobre aquellos maestros de extracción indígena, humildes, diferentes, pero sobre todo, críticos e inconformes. Es necesario cuestionarnos si tenemos un contexto sobre la verdadera realidad que vive la mayoría o estamos opinando solamente desde la realidad que nos tocó vivir. Una realidad que es mucho más privilegiada que la de millones de mexicanos que deben de afrontar la educación y la vida en condiciones miserables, paupérrimas, en condiciones que deberían avergonzarnos porque son también nuestra responsabilidad como sociedad. Porque tenemos parte en el fracaso de la política educativa del país y como lo han constatado muchísimas opiniones en las últimas semanas, tenemos también parte en la normalización del abuso a las personas. Nos encontramos en una época en donde nos parece correcto justificar el abuso y el asesinato si alteran el status quo y nuestros privilegios sin cuestionarnos antes cuál es la raíz del problema o si los responsables (el gobierno federal en este caso) han tendido puentes de diálogo (que no ha sido el caso).

No sé ustedes pero jamás podré justificar el asesinato de civiles a manos de aquellos que deberían de representarlos por el hecho de manifestarse. Insisto, quien cometa un delito que sea procesado de acuerdo a las leyes, no de acuerdo a la ejecución extrajudicial que a todas luces es ilegal y manda un mensaje implícito de no disidencia y no agitación a la población. Esto es sólo una muestra más de que, como dicen, no entienden que no entienden. Termino preguntándoles; si tanto justificamos estos asesinatos y este terror por lo que consideramos conductas reprobables, ¿no se supondría que nosotros deberíamos de correr la misma suerte y acatar la misma ley cada vez que hemos roto un código social?, no veo a nadie pidiendo que se le dispare por las faltas que ha cometido contra la autoridad y los códigos. Quizás es que siempre es más fácil justificar la tortura, violaciones, asesinatos, marginación y suspensión de derechos cuando no soy yo quien lo sufre. Ojalá tuviéramos más sentido común, más empatía, más humanidad y menos moralismo contradictorio en nosotros.

Advertisements