El 22 de Diciembre de 1997, mientras se encontraban orando en una capilla de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, 45 indígenas tzotziles fueron masacrados por paramilitares en una operación que duró 7 horas y que se realizó a escasos 200 metros de un retén de policías. De los fallecidos 16 era niños, niñas y adolescentes, 20 mujeres y 9 hombres adultos. 7 de las mujeres se encontraban embarazadas al momento de ser asesinadas. Todos los indígenas muertos en esta masacre eran miembros del grupo “Las Abejas”, una organización comunitaria cristiana y pacífica con una ideología contraria al neoliberalismo que se afianzaba en la época, de la misma forma manifestaban su apoyo a los fines e ideología del EZLN.

Diversos testigos afirman que fueron paramilitares quienes realizaron la agresión. En la escena se encontraron casquillos pertenecientes a armas de uso exclusivo del ejército y múltiples individuos y organizaciones pro-derechos humanos han declarado que desde tiempo atrás la milicia mexicana entregó armas e incito la formación de grupos “anti-EZLN” para combatir el alzamiento armado que tenía lugar en Chiapas, todos estos grupos estaban indirectamente ligados al PRI y a las fuerzas de seguridad pública y tenían la intención de reventar el movimiento zapatista y combatir cualquier base de apoyo que pudiera tener a como diera lugar.

En su momento se detuvieron a alrededor de 100 personas por su responsabilidad en los hechos, sin embargo, progresivamente, se han ido dictaminando amparos en favor de muchos por parte de la SCJN alegando que la PGR fabricó pruebas para inculparlos. Diversos activistas y el propio grupo de Las Abejas han declarado que estos amparos han sido otorgados como retribución del estado mexicano a sus cómplices al tener responsabilidad en los hechos de 1997, es decir, el pago de una deuda por haber ejecutado la masacre originalmente pensada e incitada por las propias autoridades. Dentro de los detenidos solamente 8 personas pertenecían a seguridad pública y fueron condenados a penas de 3 años, saliendo libres tiempo después. Así mismo, hoy en día hay 83 personas consignadas por portación de armas aunque solamente 3 de éstas han sido vinculadas a la masacre y las consignas se dieron sin resultados positivos en las pruebas periciales para pólvora.

Han pasado 17 años desde aquel fatídico día y la tierra sigue llenándose de sangre. Desde el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, seis personas asesinadas siguen esperando justicia y 43 normalistas de Ayotzinapa están desaparecidos sin que hasta la fecha se pueda tener una explicación convincente de su paradero y su suerte. Afortunada y desafortunadamente ya todos sabemos la forma en que se han ido desarrollando lo hechos.

Hasta el día en que esto fue escrito la PGR había elaborado diversas teorías y líneas de investigación. Primeramente intentó ligar a los normalistas con el grupo delictivo “Los Rojos”, una vez que la presión pública los obligo a admitir que no había relación entre narcotraficantes y estudiantes se dio a la tarea de emprender una búsqueda sumiéndolos muertos, negándose a la posibilidad de su encuentro con vida, hecho que, si bien podía llegar a ser improbable, era posible y era una responsabilidad ética y pericial. Semanas después, tras una total apatía, indiferencia y soberbia de la presidencia de la república ante los hechos, los involucrados y sus familia, la procuraduría montó una rueda de prensa en donde se declaró que, en base a las declaraciones de sujetos detenidos, era muy probable que los 43 normalistas hubieran sido asesinados y calcinados en el basurero del municipio aledaño de Cocula en una pira compuesta de maderos y llantas, con lo cual se inició una hoguera que duraría hasta el día siguiente. Convenientemente la forma en que hubieran sido ultimados prácticamente imposibilitaba la obtención de restos orgánicos para hacer las identificaciones correspondientes.

En las últimas semanas informaciones de distintos centros meteorológicos confirman que en esas fechas y en esos lugares la lluvia apareció de forma suficiente para dificultar el sustento de la teoría presentada previamente. También está el reporte de investigación presentado por renombrados científicos de la UNAM en el cual se descarta al 100% la veracidad de la versión oficial, al argumentar que serían necesarias 33 toneladas de manera y casi una tonelada de llantas para poder crear la temperatura suficiente como para reducir a cenizas 43 cuerpos, también comprueba la incongruencia entre el escenario hallado y lo que habría resultado de un fuego de esa magnitud. En pocas palabras, tira por tierra lo dicho por las autoridades de forma contundente, científica, veraz y con el respaldo de una de las mejores universidades del mundo y algunos de los más importantes investigadores de química, ingeniería y termodinámica que hay en el país. Los padres de los desaparecidos indican tener información que apunta al cuartel militar de Iguala, en donde hay crematorios suficientes, en donde radica la sospecha de la participación de fuerzas armadas en la ejecución del atentado y el posterior asesinato. Hasta ahora ni gobierno ni milicia se han pronunciado mientras las puertas del cuartel permanecen cerradas y renuentes a una inspección, renuentes a llevar a justicia a 43 familias.

Por último tenemos a un alcalde de Iguala detenido sin dar ninguna pista para esclarecer el caso, a su esposa recién trasladada a un penal de máxima seguridad bajo cargos de delincuencia organizada, no por las desapariciones forzadas, un alcalde de Cocula desaparecido, el jefe de policía de Iguala prófugo y una clase política y sistema de gobierno al que no le importa un carajo lo que le pase a su pueblo. Un gobierno que grita, posa para las cámaras, impone, presume, reprime, niega, deforma, pero jamás escucha.

Mi intención al traer a flote dos casos tan distantes en el tiempo es debido a su cercanía en modus operandi y antecedentes. No es una casualidad que la situación que vive nuestro país sea tan parecida a aquella del sexenio de Ernesto Zedillo. 17 años han pasado pero en México la gente sigue muriendo asesinada a manos de su propio gobierno, a manos de aquellos que juraron proteger al civil y resguardar la vida humana, la gente sigue desapareciendo sin dejar rastro y los gobernantes además de ser cómplices omiten toda responsabilidad y se dan el lujo de jugar y negociar con el dolor de tantas familias que no volverán a tener un día de paz o de alegría al ver a sus hijos, padres, nietos o hermanos arrebatados de su hogar. El hombre y las instituciones que tenemos como gobernantes jamás podrán combatir la corrupción porque hacerlo significaría juzgarse a si mismos como su principal bastión, sería una serpiente que muerde su propia cola, y esa es la clase de gobernantes que se han apoderado de mi hogar. Me duele ver que el tiempo corre pero el país permanece estático, me duele ver el suelo donde nací y crecí bañado en sangre, huesos y fosas comunes. Me duele vivir en una época en done aún existen personas que ríen ante la suerte de un estudiante normalista solamente por ser pobre e indígena, sin pararse a pensar en el dolor que debe ser perder a un hijo, a un padre, a un esposo. Me duele vivir en una sociedad que aún puede llegar a pensar que alguien merece ese destino por el hecho de ser un “revoltoso”. Me duele un gobierno que flagela a su pueblo sumiéndolo en la miseria y la injusticia mientras se llena los bolsillos de dinero podrido y bañado en la sangre de inocentes. Me duele ver que el tiempo corre y las esperanzas disminuyen, me duele pensar que puedan repetirse los hechos de Acteal, De Tlatelolco, de Aguas Blancas, de Ayotzinapa y nosotros nos cansemos de luchar, de buscar, de clamar justicia. Me duele pensar en las mujeres, hombres y niños que ya no están aquí pero tampoco están muertos porque su estatus es de “desaparecidos”. Me duelen la infamia y la tiranía. Me duele creer que mi gente y mi país podrían quedarse así por indefensión aprendida o, peor aún, por decisión propia. Me duelen las siete almas que se perdieron en el vientre de sus madres y que nunca llegaron a conocer la luz del mundo, me duele no poder festejar sus 17 años de vida. Me duele que algunos traten de arrebatarles la dignidad a mis hermanos y hermanas. Si todos somos hijos de Dios entonces todos somos hermanos, y como hermanos nuestros es un deber moral no callar, no desfallecer, salir y gritar, exigir justicia. No más sangre, por mis futuros hijos, por la gente que amo y por los hermanos que ya me han sido robados en este valle de osamentas e impunidad. Es momento de darle voz a aquellos a quienes les ha sido a rebatada y gritar hasta que los sordos escuchen, hasta que los sordos tiemblen. Por los 45 de Acteal, por los 43 de Ayotzinapa, por el futuro de mi país y mi gente.

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