La noche del 26 de septiembre de este año un grupo de desconocidos (que después serían identificados en su mayoría como policías municipales) abrieron fuego contra un grupo de normalistas que se encontraban dialogando con periodistas después de haberse encontrado manifestándose así como un autobús que transportaba a un equipo de tercera división, todo en la ciudad de Iguala, Guerrero. El saldo final fue de 6 muertos, tres normalistas, dos futbolistas y una mujer que viajaba en un taxi y fue alcanzada por una bala. Tras la confusión se acabaría sabiendo que 43 normalistas habían desaparecido sin que, casi un mes después, se sepa nada sobre su paradero. En el último par de semanas se han encontrado diversidad de fosas clandestinas en la zona rural y selvática de Iguala. Al menos 28 cuerpos fueron descubiertos con señas de haber sido calcinados, vivos o muertos, pero reducidos a cenizas. Hay toda una serie de contradicciones en este suceso, algunas fuentes aseguran que los cuerpos corresponden a los normalistas, algunos otros, entre ellos un equipo pericial argentino, niega que esto sea contundente. La única verdad es que de los 43 nada se sabe aún.

De la misma forma, el 30 de junio de este mismo año 22 personas fueron asesinadas en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Más de veinte personas sumamente jóvenes e incluso menores de edad en algunos casos. La versión oficial dice que el grupo, reunido en una bodega,  se enfrentó al ejército cuando éste realizaba labores de reconocimiento, resultando en un fuego cruzado que terminó con los 22 abatidos y ninguna baja del lado de las fuerzas armadas. Sin embargo, semanas después se publicó en una de las revistas más importantes del país el testimonio de una presunta sobreviviente que mantuvo el anonimato. Declaró que, si bien el grupo portaba armas, se rindieron antes de comenzar cualquier enfrentamiento, con el ejército dejándolos sometidos y neutralizados. Acto seguido y sin ningún tipo de proceso penal, la milicia los fusilo frente a una barda de ladrillos. Posteriormente se acabarían filtrando además fotografías de los hechos que apuntaban más a una ejecución que a un enfrentamiento real; manchas de lodo en las rodillas de todos los cuerpos, armas sobrepuestas y en posiciones poco naturales, agujeros de bala en una sola dirección y ni un solo casquillo percutido proveniente de las armas del grupo reunido en la bodega. Hoy en día tras una serie de acusaciones y revuelos, 26 militares han sido llamados a responder por el suceso, sin que ningún mando los acompañe y con toda la opacidad que rodea a los casos militares. En redes sociales y marchas se han podido ver personas parte de un movimiento denominado #somos26, que aboga por la liberación y respeto a los derechos humanos del personal castrense involucrado.

El pasado 19 de julio falleció José Luis Tlehuatle Tamayo, un niño de 13 años que el 9 de julio recibió el impacto de una bala de goma en la cabeza durante un enfrentamiento entre policías estatales de Puebla y habitantes de San Bernardino Chalchiuhapan. Todo en medio de la polémica creada por la llamada “ley bala” la cual permite a las fuerzas policiales en el estado hacer uso de “fuerza no letal” (como balas de goma) para disolver manifestaciones, tras las quejas interpuestas ante el borrador original que contemplaba la opción de usar armas de fuego reales. Esta ley se conjugo con otros intentos de reprimir la protesta social en la forma de iniciativas de ley que pretendían exigir el registro de una manifestación ante la secretaria de gobernación para su posterior aprobación o desestimación. Después de la muerte de su hijo, Elia Tamayo, su madre, sufrió acoso por parte de las autoridades en un intento por hacerla firmar declaraciones prefabricadas que exoneraban de toda participación a la policía del estado gobernado por Rafael Moreno Valle. Se le invitó a un evento estatal para “reparar el daño” al cual no fue invitada ninguna otra persona y que no presentó ninguna disculpa oficial. Incluso se enteró de la muerte de su hijo por medio de las televisoras ya que el gobierno le negó acceso a toda la información sobre el estado de salud de su hijo. Hoy en día nadie ha sido condenado por el crimen y la policía ha regresado a Chalchihuapan en donde en últimos días se realizaron detenciones arbitrarias y se reportan personas desaparecidas.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y es secundado por el 20 que reza “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. Mientras tanto el artículo 6 de la constitución mexicana, máxima ley del país, dice al pie de la letra “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado”.

Hemos llegado a un punto en la historia de este país en el cual no sé de qué me siento más avergonzado; si de los hechos objetivos que narro en un comienzo o de la actitud que nosotros como sociedad y como individuos hemos adoptado en un intento de explicar lo inexplicable, en un intento gravísimo de normalizar la barbarie y volverla cotidiana.  Hoy me horroriza encender la televisión y sintonizar las noticias o abrir los diarios y leer los encabezados porque nos encontramos sumergidos en un baño de sangre como los que, yo sé, ha habido antes, pero que a diferencia de aquellos, sí me tocó vivir en pleno uso de mis facultades. Me entristece ver caer a lo más bajo a este país y esta gente que tanto amo. Y, sobre todo, me llena de rabia, de coraje y de confusión leer a través de su comportamiento la forma en que muchos están lidiando con el infierno que se desató en este territorio.

Es una desgracia ver cómo muchos han sucumbido a esa idea deformada que nos quiere hacer creer que la protesta social es un crimen y no un derecho. Todos formamos parte de la cadena de factores que han desencadenado en que episodios como estos sean posibles. Cada vez que pensamos y expresamos que solamente los “vagos”, “malandros”, “delincuentes” y “malvivientes” son los que salen a la calle a protestar negamos y olvidamos que gran parte de los derechos sociales que hay damos por sentado, en nuestra era de conformismo, como el derecho al voto, la igualdad de género, la derogación de leyes racistas, los derechos homosexuales, etc. se han ganado a través de la irrupción de los ciudadanos en la calle para demandar lo que legítimamente les corresponde. La protesta no solamente no es un crimen sino que es un derecho amparado por las leyes nacionales e internacionales. Si cerramos la puerta a la protesta cerramos la puerta a la posibilidad de reclamar los derechos que heredarán nuestros propios hijos.

¿Cómo es posible mexicanos que seamos indolentes ante el sufrimiento y compinches de gobernantes que tienen las manos manchadas con sangre?. Sería un error garrafal aceptar medidas legales que restringen nuestros derechos y que criminalizan la lucha de tantas personas por justicia en aras de una ilusoria estabilidad en momentos como estos en los que el país pende de un hilo. Más aún, ¿cómo terminamos perdiendo nuestra propia humanidad? Esa que salió por la puerta de atrás cuando dijimos que la policía puede disparar contra civiles por el simple hecho de tener huevos para manifestar su voz, cuando dijimos que el ejército puede actuar impunemente en aras de una guerra que estaba perdida desde un inicio y que ya lleva casi 100,000 vidas sesgadas, cuando dijimos que si los muertos son delincuentes entonces estaba bien asesinarlos como perros en un paredón, cuando dijimos que si son estudiantes rurales pobres, morenos y con conciencia entonces se merecen desaparecer y ser asesinados, cuando dijimos que aquellos que aseguran “resguardar el orden” mediante el asesinato a sangre fría deben salir libres e impunes porque la culpa es de los delincuentes aún si los delincuentes no disparan, cuando dijimos que “ser un chingón y tener huevos” es traer un M16 en las manos y disparar primero y preguntar después, cuando aceptamos que en este país se es culpable hasta que se demuestra lo contrario, y a veces incluso así, cuando  idolatramos la vida de las fuerzas armadas sin cerebro ni culpa alguna pero con muchas balas y la vida del narcotraficante que se hizo rico asesinando y torturando, cuando pensamos que la vida de algunos en más o menos valiosa que la de otros, cuando aceptamos el asesinato como justicia sin pensar que un día nosotros podríamos ser los inculpados.

Que quede una cosa bien clara, jamás voy a aceptar esto. Que quede bien claro que esas no son leyes ni autoridades, que esa es venganza y no justicia y no se parecen en lo más mínimo, Que quede bien claro que para mí la vida siempre va a ser igualmente valiosa se trate de un santo o de un asesino, porque nadie puede enseñarle a otra persona a no matar matándola, porque nadie se merece la indignidad del olvido, de la fosa común, porque somos seres humanos no objetos por Dios santo. Por el futuro de mis hijos y nietos, por mi familia y amigos, jamás voy a aceptar esta justicia deformada y este país indolente, jamás voy a aceptar las balas en lugar de la vida. Toda vida vale igual y toda vida merece conservarse. Esto es por los 21 que no conocieron juicio justo en Tlatlaya, esto es por el pequeño José Luis y por todos mis hermanos de Ayotzinapa. Vivos se fueron y vivos los queremos.

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